«Para qué remover aquello ahora»

La hija de un desaparecido en la sierra de Cádiz en los primeros días de la Guerra Civil duda de la iniciativa del juez Garzón 

Su padre se negó a seguir enterrando fusilados y no volvió a saberse de él

5 septiembre 2008

«A muchos los dejaban en el campo, en fosas que nadie sabe dónde están», asegura, crítica con la actuación del magistrado.

Andrés Bartolomé 

MADRID- En diciembre de 2003, las obras de ampliación en el cementerio de El Bosque (Cádiz) habían sacado a la luz una fosa común, y los vecinos de la zona andaban revueltos por asomarse una vez más a los convulsos acontecimientos de casi setenta años atrás. María Mesa siguió la noticia con interés, aunque mostrando las pocas esperanzas que siempre albergó respecto al paradero de su padre, desaparecido en los últimos días de julio de 1936 en Villamartín, última parada en la gaditana ruta de los pueblos blancos.
No tardaron en desvelarse las identidades de los restos encontrados a unos kilómetros de su pueblo: correspondían a trece ubriqueños enterrados en el camposanto de El Bosque tras haber sido fusilados. Ninguno era su padre.
María ha asistido estos días con asombro a la decisión del juez Baltasar Garzón de abrir una «causa general» por los represaliados durante la Guerra Civil y la posguerra. «Después de setenta años para qué remover aquello, creo que es algo que debería haberse hecho mucho antes», dice con un gesto de desaprobación. «Cualquiera sabe dónde está mi padre, puede estar en Arcos de la Frontera, en Bornos, en El Bosque,... es muy difícil saberlo, a muchos los dejaban en el campo, en fosas que nadie sabe dónde están...».
El padre desaparecido se llamaba Miguel González Benítez, apodado «Jandra», que tenía 25 años en el fatídico 1936. Casado, con tres hijos, su mujer estaba entonces embarazada de tres meses.
Nunca se había significado por sus ideas políticas. Aquel verano llevaba casi seis meses como conserje del cementerio de Villamartín, aunque las funciones de su trabajo incluían también las de sepulturero. El año anterior había recogido la aceituna con un paisano que puso tierra de por medio en cuanto vio la que se avecinaba en el río revuelto de milicianos, tricornios y uniformes varios. «Vente, Miguel, que aquí va a pagar el que ha hecho y el que no ha hecho», le advirtió, premonitorio, cuando ya se encontraba a salvo en Francia.
Tras unas jornadas de incierto dominio por parte de los leales al Gobierno y los partidarios de la sublevación, el pueblo queda el 22 de julio controlado por una columna de tropas sublevadas que se dirigía a los municipios de la sierra, según recoge Fernando Romero en el libro «Guerra Civil y represión en Villamartín».
Esos días, el trasiego de cadáveres que llegaban de los pueblos de alrededor no cesaba y «Jandra» no pudo con aquello. El día 25 de julio cesó en su puesto tras renunciar a seguir arrojando tierra a anónimos cuerpos acribillados. «Enseguida fueron a por él», recuerda su hija María, que tenía 7 años entonces. 
Una noche fueron a buscar a Miguel a la casa de sus padres, en el número 10 de la calle Llana de Villamartín, donde atendía a su madre enferma. Al ir a calzarse, la mujer le ofreció unos zapatos. «No, mamá, me pongo las alpargatas» –«bien sabía que donde iba no necesitaba mejor calzado», dice María–. La madre, presa de los nervios, cayó al suelo entre convulsiones y cuando Miguel se disponía a ayudarla, sus captores le apremiaron para que marchara. «Venga, venga, tira». «A los tres días iba mi abuela a llevarle el desayuno a la cárcel y le dijeron que había salido, que ya no estaba allí», recuerda la anciana, que en noviembre cumplirá 80 años. «Cuando decían eso, ya se sabía...».
Y así fue. Nunca más supieron de él. Ni siquiera le habían pagado por su trabajo en el cementerio, y su familia se vio en la calle, durmiendo durante cinco meses debajo de un olivo y una higuera. Desde entonces, el paradero de «Jandra» sigue siendo una incógnita.

LOS TRECE DE UBRIQUE. El inicio de unas obras en el cementerio de El Bosque puso al descubierto una fosa con unos restos que se revelaron pertenecientes a trece cadáveres. José Vázquez, un agricultor al que obligaron a sepultar los cuerpos tras su fusilamiento en 1936, asistió al segundo enterramiento de las víctimas, que tuvo lugar en Ubrique, su localidad natal, en febrero de 2005.