Los de Rivera se comprometen a dar el «sí» a Rajoy en la segunda votación
A. BARTOLOMÉ - Madrid
Los portavoces de los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos, Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta, rubricaron ayer en el Congreso el pacto anticorrupción ideado por el partido naranja como arranque de una nueva relación con el partido de Génova. Tras la firma, Girauta destacó la «total disposición de los populares» y Hernando deslizó con una sonrisa al tendido que aquello era «el comienzo de un gran amor». Con estos mimbres todo apunta a que, en el plazo de una semana, como calculó el portavoz naranja, ambos partidos tendrán listo un acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy.
El pacto anticorrupción, que deberá tramitarse en los tres primeros meses de la legislatura, es una alianza «sin líneas rojas». El documento aprobado incluye la prohibición de que ningún cargo imputado forme parte del Gobierno o tenga escaño en el Parlamento; la eliminación de los aforamientos y la reforma de la ley electoral sobre tres principios: listas desbloqueadas, proporcionalidad y fin del voto rogado. Los otros tres requisitos son acabar con los indultos por corrupción política, la limitación de mandatos a ocho años y la apertura de una comisión de investigación sobre la «presunta financiación irregular del PP», es decir, el «caso Bárcenas».
Con la firma de estas condiciones, ambos partidos abren una negociación de contenidos y reformas para alcanzar en los próximos días un acuerdo de investidura, ya que el debate se inicia el 30 de agosto. Ciudadanos se compromete a dar el «sí» en la segunda votación.
Con miras a que el pacto de investidura se convierta en «un pacto de gobierno» –algo que ha rechazado Albert Rivera–, el portavoz del PP, Rafael Hernando, aseguró que su partido trabajará «con generosidad, con mente abierta y pensando en los intereses de los españoles». Hernando destacó que el PP pretende «dar pasos sin pausa» hasta alcanzar un acuerdo que permita llegar a la sesión de investidura con 169 apoyos «de momento». «Intentaremos incluir o sumar a algunos más», añadió. En este sentido parece claro el «sí» de Coalición Canaria, que supondría 170 escaños, aún insuficientes, por lo que el PP necesitaría otros seis votos a favor en la primera votación u 11 abstenciones en la segunda.
Por su parte, Juan Carlos Girauta dijo que, «si algo empieza ahora, es una cultura del pacto, que existió en momentos trascendentales de la democracia y que ahora regresa». «No tenemos tiempo que perder, hemos pasado demasiados meses en una situación de interinidad», opinó el dirigente de Ciudadanos, quien dijo que su partido encara las negociaciones con «espíritu de desbloqueo», aunque algunas cuestiones serán «casi irrenunciables».
En cuanto a la comisión de investigación sobre el «caso Bárcenas», el PP, a través de Hernando, apuntó que no tiene «ningún temor» a ella, porque no cree que exista «ningún partido en el país» que haya tenido tanta transparencia como la que tiene su grupo. Ciudadanos fue más allá y señaló que no descarta llamar a declarar a Rajoy en esa futura comisión de investigación.
Ayer mismo, PP y C’s designaron a sus equipos negociadores, que mantuvieron pasadas las cuatro de la tarde la primera reunión en el Congreso, con cuatro bloques a abordar: el económico, el social, el pacto por la educación y el fortalecimiento de las instituciones.
Al término de la cita, que se prolongó durante una hora, sus miembros no comentaron nada de lo tratado a los medios de comunicación que les esperaban. Fue Juan Carlos Girauta quien anunció que se volverán a reunir el lunes. En breves declaraciones, no obstante, señaló que durante el fin de semana van a mantener el contacto «estemos reunidos o no estemos reunidos» y que se intercambiarán documentación.
Girauta espera que se pueda avanzar «de forma práctica», porque «el tiempo apremia». «Tenemos una semana y no vamos a perder ni un segundo», insistió. Según dijo, ayer no se abordó la parte del pacto que afecta a los miembros del PP investigados por presuntos casos de corrupción. Fue una primera toma de contacto a la que seguirá el lunes, a las 11:00, el verdadero arranque con el bloque de asuntos económicos.
Se prevén puntos de fricción con las reformas institucionales –por la pretensión de Rivera de eliminar el Senado o las diputaciones– y el modelo laboral, pero la disposición al acuerdo es total.
Los cargos públicos imputados serán apartados en un plazo de tres meses
El pacto por la regeneración democrática y contra la corrupción que firmaron ayer PP y Ciudadanos recoge de forma «literal» las seis condiciones que puso el partido naranja y deberá tramitarse durante los tres primeros meses de la XII Legislatura.
Los seis puntos del pacto firmado son los siguientes:
1. Separación inmediata de cualquier cargo público imputado formalmente por delitos de corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial. «No se sentará ni en los gobiernos ni en los escaños si Ciudadanos está en una negociación», sentenció Rivera cuando presentó su oferta. Este apartado podría afectar a la actual senadora popular Rita Barberá. Rafael Hernando destacó ayer que, aunque el PP la aparte del partido, no puede quitarle el escaño, ya que ello necesitaría de una reforma de la Constitución.
2. Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos. Se trata de acabar con los «privilegios» que, según Ciudadanos, tienen los políticos frente al resto de los ciudadanos.
3. «Nueva ley electoral» que modifique la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), cuya última gran reforma es de 2011.
En primer lugar, esa nueva ley debe «incrementar la proporcionalidad». El segundo objetivo ha de ser introducir las listas desbloqueadas para la elección del Congreso de tal manera que los votantes tengan una «mayor influencia sobre la elección final de sus representantes». El tercer punto de la reforma es «la desaparición del voto rogado», ese requisito que obliga a los ciudadanos del exterior a solicitar previamente el ejercicio del sufragio.
4. Eliminar la posibilidad de indultos a condenados por delitos de corrupción política. El PP asegura que no los concede, pero faltaría que la ley lo prohibiera expresamente.
5. Limitación del ejercicio de responsabilidades de presidente del Gobierno a un máximo de ocho años o dos mandatos, una idea que Ciudadanos quiere implantar para evitar que pueda «perpetuarse» en el poder. Si se aplicara, ésta sería la última legislatura de Mariano Rajoy.
6. Más transparencia, para lo cual se reclama la creación de una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre «la presunta financiación ilegal del PP» por el «caso Bárcenas».
